Transparencia Fiscal: registro de beneficiarios finales

Con fecha 26 de junio de 2017, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Reglamentario N° 166/017 de la Ley de Transparencia Fiscal Nº 19.484, mediante el cual se reglamenta el capítulo II de la misma, concretamente lo relativo a la identificación del beneficiario final (en adelante (“BO”) de entidades residentes y determinadas entidades no residentes, según se detalla a continuación de forma resumida.

 ¿Qué se entiende por BO?

Se entiende por BO a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo 15% del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal a una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica, con o sin persona jurídica.

¿Quiénes deben registrar al BO?

Deben  cumplir con la obligación de registro las entidades residentes o sea constituidas conforme la ley uruguaya y las  entidades no residentes que cumplan con uno de los siguientes requisitos:

  1. a) Aquellas que actúen a través de un establecimiento permanente en Uruguay;
  2. b) Su sede de dirección efectiva se encuentre en Uruguay; o
  3. c) Sean titulares de activos situados en territorio nacional por un valor superior a 2.500.000 Unidades Indexadas (UI), que equivalente a unos USD. 320.000 (Dólares Americanos Trescientos Treinta Mil) de acuerdo a las reglas de valuación de activos del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (“IRAE”).

¿Cómo se realiza el registro?

 El Decreto establece que debe realizar por medio de una declaración jurada a presentarse vía digital al Banco Central del Uruguay, cuyo formulario estándar ya está aprobado  que contendrá entre otros los datos identificatorios del beneficiario final e información relacionada al capital integrado o su equivalente, o los derechos de voto y otro medio de control.

¿Cuál es el plazo para hacer el registro?

 Respecto del plazo para el cumplimiento de la obligación se distingue entre las entidades existentes a la entrada en vigencia de la ley de transparencia fiscal de las nuevas. Las  entidades existentes a la fecha de entrada en vigencia de ley de Transparencia Fiscal deberán enviar por medios informáticos las declaraciones juradas, dentro del plazo de 60 días corridos, contados a partir de:

–          1º de agosto de 2017, en el caso de las entidades por acciones al portador;

–          1º de mayo de 2018, en el caso de las entidades emisoras de acciones nominativas, sociedades personales y demás entidades.

Para el caso de nuevas entidades deberán cumplir con la obligación de presentar la declaración jurada dentro del plazo de 30 días a partir de la efectiva formalización de la entidad o de los supuestos por los cuales devinieren obligadas.

¿Qué sanciones están previstas en caso de incumplimiento?

El Decreto prevé que las multas por incumplimiento se graduarán en función de la dimensión económica de la entidades, del plazo de incumplimiento y considerando el valor de la multa máxima por contravención establecida en el art. 95 del Código Tributario y que van desde usd. 500 (quinientos dólares) hasta los usd. 25.000 (veinticinco mil dólares)

¿Quiénes pueden acceder a la información de Registro de BO?

El presente decreto establece que podrán tener acceso a la información proporcionada al Registro del BCU los siguientes organismos:

–          La DGI en el marco de actuaciones inspectivas iniciadas formalmente y vinculadas a sujetos pasivos determinados. Asimismo podrá solicitar dicha información para el cumplimiento de solicitudes de Intercambio de Información expresa y fundada por parte de la autoridad competente de un Estado Extranjero en el marco de Tratados Internacionales.

–          Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (“SENACLAFT”).

–          Unidad de Información y análisis Financiero del BCU (“UIAF”).

–          Justicia Penal o justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria.

–          Junta de Transparencia y Ética Pública.

–          AIN para el cumplimiento sus cometidos que le asigna la Ley de Transparencia Fiscal

En todos los casos no previstos anteriormente, solo se podrá levantar la reserva de la información proporcionada con una autorización expresa y por escrito de los sujetos cuyos datos están consignados en el registro.

Por cualquier consulta o ampliación de información enviar mail a info@scpinvest.com

 

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