COMUNICACIÓN AL BCU DEL BENEFICIARIO FINAL DE ENTIDADES CON PARTICIPACIONES NOMINATIVAS

El 29 de junio vencerá el plazo dispuesto por la nueva normativa sobre trasparencia fiscal, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que obliga a las entidades a informar en el Banco Central quiénes son sus beneficiarios finales.

La ley 19.484, fue reglamentada por el Decreto del Poder Ejecutivo 166/017, el cual establece que la comunicación deberá realizarse dentro del plazo de 60 días a contar del 1º de mayo de 2018, por lo que el vencimiento de la obligación de informar se produce el 29 de junio de 2018.

La normativa establece qué información debe ser suministrada y en qué forma. 

¿Quién es Beneficiario Final?

La definición está dada en la propia ley que define como Beneficiario Final “a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica.

Se entenderá como control final el ejercido directamente, o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

En el caso de los fideicomisos, deberá identificarse a la o las personas físicas que cumplan con las condiciones dispuestas en los incisos precedentes en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario”.

En los casos de que el beneficiario final sea persona física, los datos que se deben incluir en la declaración son:

  • nombre del titular,
  • estado civil con identificación del cónyuge y especificación del régimen de bienes,
  • domicilio real, y en su caso fiscal y constituido ante la DGI,
  • cédula de identidad, número de RUT o documento expedido por otro estado (expresando si es residente o no).

Si los beneficiarios finales controlan indirectamente, se debe agregar la composición de la cadena de titularidad indicando para cada eslabón de la misma, la denominación social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de RUT o identificación fiscal en otro estado (manifestando si son residentes o no).

A su vez, la ley establece que se debe informar al Banco Central del Uruguay el capital integrado de la sociedad, indicando no sólo el porcentaje de quienes ostenten 15 % o más, sino también el porcentaje de los que no tienen tal porcentaje.

En síntesis, bajo la obligación de informar el beneficiario final, se estableció la obligación de informar todos los accionistas de la sociedad o titulares de participaciones de la entidad (si tuviera otra naturaleza).

También se debe informar, de ser aplicable, el porcentaje de capital del que sean titulares sociedades que coticen en bolsas de valores internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. 

En qué forma debe suministrarse la información?

La declaración jurada debe realizarse en formularios específicos. La Auditoría Interna de la Nación y el Banco Central del Uruguay han puesto a disposición los formularios e instructivos para el envío de la declaración jurada.

La comunicación al BCU se hace por intermedio de un Escribano Público que utiliza para ello el empleo de su firma digital. 

Cuanto tiempo debe guardarse la información?

Las sociedades deben mantener la información que respalde la declaración efectuada por un mínimo de 5 años en las mismas condiciones que deben mantener los libros sociales obligatorios.

Cuando haya modificaciones en relación a los beneficiarios finales, la sociedad deberá comunicarlo dentro del plazo de 30 días desde que se verifica la misma mediante declaración jurada.

No hay obligación de comunicar los cambios en el valor nominal del capital siempre que no se alteren los porcentajes de participación informados al BCU.

Sanciones por Incumplimiento

El incumplimiento implica sanciones de carácter pecuniario y no pecuniario.

Si no se informa sobre el beneficiario final, la sociedad incumplidora no podrá inscribir registralmente actos ni negocios que realice, de distribuir utilidades y se le suspenderá el certificado único de DGI.

Será pasible de una multa de hasta cien veces la multa máxima por contravención prevista en el artículo 95 del Código Tributario.

Si se impide el conocimiento del beneficiario final o se induce a error sobre la identidad del mismo, la sociedad será pasible de una sanción de hasta mil veces la multa máxima por contravención.