COMUNICACIÓN AL BCU DEL BENEFICIARIO FINAL DE ENTIDADES CON PARTICIPACIONES NOMINATIVAS

El 29 de junio vencerá el plazo dispuesto por la nueva normativa sobre trasparencia fiscal, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que obliga a las entidades a informar en el Banco Central quiénes son sus beneficiarios finales.

La ley 19.484, fue reglamentada por el Decreto del Poder Ejecutivo 166/017, el cual establece que la comunicación deberá realizarse dentro del plazo de 60 días a contar del 1º de mayo de 2018, por lo que el vencimiento de la obligación de informar se produce el 29 de junio de 2018.

La normativa establece qué información debe ser suministrada y en qué forma. 

¿Quién es Beneficiario Final?

La definición está dada en la propia ley que define como Beneficiario Final “a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica.

Se entenderá como control final el ejercido directamente, o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

En el caso de los fideicomisos, deberá identificarse a la o las personas físicas que cumplan con las condiciones dispuestas en los incisos precedentes en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario”.

En los casos de que el beneficiario final sea persona física, los datos que se deben incluir en la declaración son:

  • nombre del titular,
  • estado civil con identificación del cónyuge y especificación del régimen de bienes,
  • domicilio real, y en su caso fiscal y constituido ante la DGI,
  • cédula de identidad, número de RUT o documento expedido por otro estado (expresando si es residente o no).

Si los beneficiarios finales controlan indirectamente, se debe agregar la composición de la cadena de titularidad indicando para cada eslabón de la misma, la denominación social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de RUT o identificación fiscal en otro estado (manifestando si son residentes o no).

A su vez, la ley establece que se debe informar al Banco Central del Uruguay el capital integrado de la sociedad, indicando no sólo el porcentaje de quienes ostenten 15 % o más, sino también el porcentaje de los que no tienen tal porcentaje.

En síntesis, bajo la obligación de informar el beneficiario final, se estableció la obligación de informar todos los accionistas de la sociedad o titulares de participaciones de la entidad (si tuviera otra naturaleza).

También se debe informar, de ser aplicable, el porcentaje de capital del que sean titulares sociedades que coticen en bolsas de valores internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. 

En qué forma debe suministrarse la información?

La declaración jurada debe realizarse en formularios específicos. La Auditoría Interna de la Nación y el Banco Central del Uruguay han puesto a disposición los formularios e instructivos para el envío de la declaración jurada.

La comunicación al BCU se hace por intermedio de un Escribano Público que utiliza para ello el empleo de su firma digital. 

Cuanto tiempo debe guardarse la información?

Las sociedades deben mantener la información que respalde la declaración efectuada por un mínimo de 5 años en las mismas condiciones que deben mantener los libros sociales obligatorios.

Cuando haya modificaciones en relación a los beneficiarios finales, la sociedad deberá comunicarlo dentro del plazo de 30 días desde que se verifica la misma mediante declaración jurada.

No hay obligación de comunicar los cambios en el valor nominal del capital siempre que no se alteren los porcentajes de participación informados al BCU.

Sanciones por Incumplimiento

El incumplimiento implica sanciones de carácter pecuniario y no pecuniario.

Si no se informa sobre el beneficiario final, la sociedad incumplidora no podrá inscribir registralmente actos ni negocios que realice, de distribuir utilidades y se le suspenderá el certificado único de DGI.

Será pasible de una multa de hasta cien veces la multa máxima por contravención prevista en el artículo 95 del Código Tributario.

Si se impide el conocimiento del beneficiario final o se induce a error sobre la identidad del mismo, la sociedad será pasible de una sanción de hasta mil veces la multa máxima por contravención.

Modificaciones al Régimen de promoción de inversiones

Recientemente se dio a conocer en la página web de Presidencia unnuevo Decreto Reglamentario del régimen de Promoción de Inversiones establecido en el Capítulo III de la Ley N° 16.906 de 7/01/1998.

Detallamos a continuación las principales modificaciones introducidas por la norma mencionada:

  • Se excluyen como beneficiarias del régimen, a los contribuyentes de IRAE que no tengan ingresos gravados por dicho impuesto y a las empresas de la industria tabacalera. Por su parte, se incluye a las Cooperativas.

Cambios en inversión computable:

  • Los bienes muebles deben tener un valor unitario mayor a 500 UI (Unidades Indexadas).
  • Se elimina la posibilidad de incluir bienes incorporales como elegibles.
  • Automóviles eléctricos: Para proyectos presentados entre el 1/05/2018 y 30/04/2021 se considera inversión elegible si cumple con determinadas condiciones.
  • Se limitan las inversiones realizadas dentro de los 6 meses anteriores al mes de presentación, a aquellas necesarias para el objetivo del proyecto de inversión y con un tope del 20% de la inversión total.
  • Se limita el cronograma de inversiones a los 5 ejercicios siguientes a la presentación de la solicitud promocional. Se puede extender con causa fundada hasta 5 ejercicios más.

Matriz de indicadores:

  • Se mantienen los indicadores, modificando la ponderación yel cálculo de algunos. Se prioriza la promoción del empleo y la inversión en investigación y desarrollo.
  • Se podrá comprometer el indicador de inversiones en tecnología limpia e inversión en investigación y desarrollo en un mismo proyecto. Las inversiones que se comprometan en estos indicadores, se deberá realizar en los primeros 2 ejercicios del cronograma.
  • Cómputo del empleo: se elimina el puntaje diferencial en función de franjas de remuneración.
  • Cómputo adicional del empleo:
    Se mantiene para contratación de mujeres y trabajadores rurales.
    Por edad aplica únicamente para contratación demenores de 25 años.
    Se agrega la contratación de personas con discapacidad.
  • Las ventas al exterior de actividades por las que la empresa obtenga rentas exoneradas no computan para el indicador Exportaciones.
  • Se modifica la ponderación y puntaje de descentralización territorial. No se otorga puntaje a inversiones a realizarse en Montevideo. Si la inversión se realiza en una ciudad en la que la empresa ya realiza actividades, para computar el indicador, se deberá comprometer 1 punto como mínimo en el indicador empleo.
  • Compromiso de indicadores exportación y empleo serámayor a 5 años si el plazo para realizar la inversión es mayor al mencionado plazo.
  • Margen de tolerancia será del 10 % para cada ejercicio.
  • Se podrá suspender el plazo de utilización de beneficios 1 año para proyectos que tengan beneficios de hasta 5 años, o 2 años si el plazo de utilización fuera de 6 o más años.
  • Ampliaciones – Se admiten hasta el 20% de la inversión del proyecto original y se deberán incrementar los indicadores proporcionalmente.
  • Vigencia – aplica para todos los proyecto presentados a partir de la publicación del Decreto.
    Aquellos proyectos presentados desde el 1/03/2018 y hasta 90 días desde la publicación podrán optar por el régimen anterior o el nuevo.

Nos hemos referido a las modificaciones que entendemos más relevantes. No obstante, adjuntamos el texto del nuevo Decreto, en el que podrán interiorizarse de la totalidad de los cambios introducidos.

Fuente: Deloitte

Panamá queda excluida de la nómina de países y jurisdicciones de baja o nula tributación en Uruguay

DGI informa que a partir del 7 de mayo la República de Panamá queda excluida de la nómina de países y jurisdicciones de baja o nula tributación

El Vice Canciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié notificó a nuestra Cancillería del cumplimiento de las condiciones establecidas en el decreto 103/018 del 24 de abril del presente año

En el día de ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá notificó por Nota Verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, el cumplimiento por parte de la República de Panamá de las condiciones establecidas en el artículo 1º del Decreto Nº 103/2018, de 24 de abril de 2018.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del mencionado Decreto, la fecha efectiva de exclusión de la República de Panamá de la nómina de jurisdicciones incluidas en el artículo 3º del Decreto Nº 56/009 de 26 de enero de 2009, y de la nómina elaborada por la Resolución Nº 1315/2017, de 15 de marzo de 2017 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº 40/017 de 13 de febrero de 2017 fue el 7 de mayo de 2018.

Inclusión financiera

Desde abril rigen cambios en la forma de pago del servicio doméstico y de las operaciones sobre bienes inmuebles, vehículos y de montos elevados.
Disposiciones que reglamentan los medios de pago a utilizar en los negocios jurídicos sobre bienes inmuebles y vehículos, y en las operaciones de montos elevados.

1- Disposiciones que regulan la forma de pago de las operaciones sobre bienes inmuebles y vehículos

Desde el 1º de abril de 2018 regirán las disposiciones contenidas en los artículos 40 y 41 de la Ley de Inclusión Financiera Nº 19.210. Por un lado, se establece qué medios de pago deben emplearse para efectuar los pagos en dinero en las operaciones relativas a bienes inmuebles y vehículos, cuando el precio de la operación supere el equivalente a 40 mil UI (5 mil dólares aproximadamente). Por otro lado, la norma exige que se contemplen determinadas cuestiones y formalidades al momento de documentar las operaciones.

Alcance de la norma

Las nuevas disposiciones aplican exclusivamente a los negocios jurídicos, definitivos o preliminares, celebrados u otorgados con fecha cierta a partir del 1º de abril de 2018. A modo de ejemplo, no están alcanzados los pagos efectuados con anterioridad al 1º de abril vinculados a compraventas que se celebren con posterioridad a dicha fecha, así como tampoco los pagos efectuados con posterioridad al 1º de abril por compraventas celebradas antes.

La norma regula exclusivamente la forma en que deberán realizarse los pagos en dinero derivados de este tipo de operaciones, por lo que no están comprendidos los pagos en especie, ni aquellas operaciones en las cuales no haya un precio a pagar. En consecuencia, no se introduce ninguna modificación en operaciones tales como las permutas y las donaciones de bienes inmuebles o vehículos, pues en las mismas no se consagra un precio en dinero a pagar. Por las mismas razones tampoco se introducen cambios en lo que refiere a las herencias.

Medios de pago admitidos

Será válida la utilización de: i) letras de cambio cruzadas, que deberán estar a nombre del adquirente del negocio jurídico, ii) cheques comunes o diferidos, cruzados y con la cláusula de “no a la orden” (admitiéndose el uso de cheques diferidos sin la cláusula de “no a la orden” hasta el 31 de diciembre de 2018) y iii) medios de pago electrónico. De esta forma, los instrumentos admitidos son los medios de pago que tradicionalmente se han utilizado en la práctica notarial.

En los negocios encadenados se admitirá que la letra esté a nombre del adquirente del negocio jurídico que dio origen a la serie de negocios encadenados.

En las operaciones con saldo de precio, los pagos cancelatorios del saldo deberán realizarse mediante acreditación en cuenta o en instrumento de dinero electrónico. A tales efectos, se admitirán: A) depósitos directos en la cuenta o instrumento de dinero electrónico (ya sea depósito de dinero en efectivo, de cheques o de letras, por citar algunos ejemplos), B) transferencias electrónicas y C) la entrega, en forma directa al acreedor, de letras de cambio cruzadas a nombre del adquirente, o de cheques comunes o diferidos, cruzados y con la cláusula de “no a la orden”.

En cuanto a las cuentas de origen y destino de los fondos, se establece expresamente que las mismas pueden estar radicadas en instituciones de intermediación financiera locales o del exterior. También se prevé que los pagos podrán efectuarse a través de instrumentos cuyo titular o emisor sea un sujeto distinto al que realiza la operación (por ejemplo, si un padre compra un vehículo para su hijo, es válido que los fondos salgan de la cuenta del padre). En la misma línea, los fondos podrán depositarse en una cuenta cuyo titular no sea el acreedor del negocio (en el ejemplo anterior, quien vende el auto no requiere tener una cuenta bancaria para realizar la venta).

Otras consideraciones a tener en cuenta

El Decreto 351/017 establece cómo deberán documentarse las operaciones y define el procedimiento de inscripción en los Registros Públicos de los negocios alcanzados por la norma, incluyendo los pasos a seguir para subsanar incumplimientos formales (al documentar la operación) o sustanciales (cuando se hubiera utilizado un medio de pago no admitido). Cabe destacar que ninguno de los incumplimientos señalados acarrea la nulidad del negocio jurídico.

La utilización de medios de pago distintos a los admitidos (por ejemplo, el uso de efectivo) será sancionada con una multa equivalente al 25% del monto abonado o percibido incorrectamente, siendo responsables en forma solidaria tanto quienes paguen como quienes reciban dichos pagos.

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  1. Disposiciones que restringen los medios de pago a utilizar en operaciones de montos elevados

El 1º de abril comenzarán a regir las disposiciones contenidas en los artículos 35 y 36 de la Ley de Inclusión Financiera Nº 19.210 que restringen el uso de efectivo para el pago de operaciones de más de 40 mil UI (que para 2018 equivalen a $ 149.116, aproximadamente 5 mil dólares) y las que establecen los medios de pago admitidos en las operaciones de más de UI 160 mil ($ 596.464, aproximadamente 20 mil dólares).

Alcance de la norma

Las restricciones aplican exclusivamente a los pagos que se realicen a partir del 1° de abril de 2018 correspondientes a negocios jurídicos celebrados con fecha cierta a partir de ese día, cualesquiera sean los sujetos contratantes.

Quedan exceptuadas las operaciones en las que una de las partes sea: i) una institución de intermediación financiera, ii) una institución emisora de dinero electrónico, iii) una entidad que preste servicios financieros de cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior regulada por el Banco Central del Uruguay o iv) una empresa cuya actividad principal sea la de realizar préstamos en dinero, siempre que esté vinculada a cualquiera de las entidades referidas en i), ii) y iii). Las disposiciones previstas tampoco serán de aplicación para los pagos que tengan una regulación específica en el marco de la Ley de Inclusión Financiera (como el pago de remuneraciones, alquileres, compraventa de inmuebles y vehículos, entre otros).

La norma regula exclusivamente la forma en que deberán realizarse los pagos en dinero, por lo que no están comprendidos los pagos en especie (por ejemplo el canje de mercaderías entre empresas), ni cualquier otra operación en la que no haya un precio a pagar en dinero.

Medios de pago admitidos

La norma establece que no se podrá usar efectivo (billetes y monedas) para los pagos en dinero de aquellas operaciones cuyo importe total sea superior a 40 mil UI.

Para las operaciones de más de 160 mil UI se definen taxativamente los medios de pago admitidos, siendo válida la utilización de: i) cheques diferidos, cruzados y con la cláusula de “no a la orden”, ii) medios de pago electrónico y iii) cheques comunes, cruzados y con la cláusula de “no a la orden”, cheques diferidos cruzados y letras de cambio cruzadas (hasta el 31 de diciembre de 2018).

Otras consideraciones a tener en cuenta

El Decreto 350/017 establece que la utilización de medios de pago distintos a los admitidos (por ejemplo, el uso de efectivo) será sancionada con una multa equivalente al 25% del monto abonado o percibido incorrectamente (con un mínimo de mil UI, o de 10 mil UI en caso de reincidencia), siendo responsables en forma solidaria tanto quienes paguen como quienes reciban dichos pagos.

Fuente: MEC

Que es afp-trickers?

1º DE OCTUBRE 2017 – 50 PAISES COMENZARON EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN
Este cambio es fruto de una década de lucha contra la evasión fiscal, que se ha convertido en una prioridad mundial tras la crisis financiera de 2008. (afp_tickers)

Cincuenta países comenzaron a cambiar automáticamente, a partir del sábado 1º de octubre de 2017, datos fiscales de sus habitantes, un paso más hacia el fin del secreto bancario, pero que no resuelve todos los problemas relacionados con el fraude fiscal.

El 30 de septiembre, los territorios británicos de Anguila, Bermudas e Islas Caimans, entre otros, dejaron de ser paraísos fiscales y se convirtieron en los primeros países en compartir automáticamente los datos bancarios de sus ciudadanos, una medida demandada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

La lista de los primeros 50 países incluye a casi todos los Estados miembros de la Unión Europea (Austria entrará dentro de un año), diez territorios dependientes del Reino Unido y de Dinamarca, así como algunos miembros destacados del G20, como Sudáfrica, Argentina, Corea del Sur, India y México.

A partir del sábado, si un francés, por ejemplo, abre una cuenta en Liechtenstein, el fisco de París no necesitará pedir información al de Vaduz, ya que será comunicado automáticamente el saldo bancario, así como de los intereses, dividendos y otros beneficios como ventas de acciones y títulos.

Este cambio es fruto de una década de lucha contra la evasión fiscal, que se ha convertido en una prioridad mundial tras la crisis financiera de 2008.

Una segunda serie de países va a aplicar la misma medida a partir de septiembre de 2018, entre ellos, varias naciones conocidas por su discreción, como Andorra, Mónaco, Singapur, Suiza, además de Brasil, China, Rusia y Japón.

Estados Unidos, uno de los grandes ausentes del dispositivo mundial, ya cuenta con decenas de acuerdos bilaterales sobre el intercambio de datos bancarios, especialmente con Luxemburgo, Mónaco y Suiza.

– ‘Un paso adelante’ –

“Es el fin definitivo del secreto bancario”, dijo Pascal Saint-Amans, director del centro de política y administración fiscal de la OCDE. “Tanto si la cuenta es abierta en nombre propio, o por medio de un trust, o una empresa en Panamá, será declarada”.

El intercambio automático “cambia profundamente la naturaleza de las cosas”. Por ejemplo, “los banqueros suizos ya no aceptan a los clientes que no declaran sus activos” y “mucha gente ha declarado sus cuentas en el extranjero”, asegura. La OCDE estima que son al menos “500 mil en el mundo, con 85 mil millones de euros de impuestos recaudados”.

Empresarios y académicos visitan Sillicon Valley para fortalecer a la industria tecnológica uruguaya

La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Carolina Cosse, lidera una misión integrada por jerarcas, académicos, representantes de organizaciones sociales y empresarios. Se encuentran en Sillicon Valley, Estados Unidos, catalogada como la capital de la innovación tecnológica de ese país, para mantener reuniones con referentes mundiales de este rubro y conocer el programa de promoción empresarial 500 Startup.

El grupo de uruguayos en Sillicon Valley está integrado por representantes del instituto Uruguay XXI, Antel, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, el Centro de Educación Técnico Profesional, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la Cámara de la Economía Digital del Uruguay, el Parque Científico y Tecnológico de Pando y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Cosse se reunirá con referentes del área de las tecnologías de la información y la comunicación. Entre los encuentros se incluyen intercambios con las empresas Puente Labs y Meltwater, entre otras. Por su parte, los empresarios uruguayos serán recibidos por altos directivos de empresas líderes, como Google, Apple, Facebook, Cisco, Deloitte, y reconocidas universidades, como las de Standford y Berkeley.

La misión también implicará la visita a la sede de 500 Startups, el programa que respalda el crecimiento de empresas recién creadas, a fin de que los emprendedores uruguayos reciban asesoramiento.

Esta visita forma parte de las acciones que el Ministerio de Industria, Energía y Minería desarrolla de acuerdo a sus lineamientos estratégicos hacia 2020. En particular, esta visita apunta a fortalecer la industria nacional y diversificar la matriz productiva, a través del apoyo al sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Fuente: WEB de Presidencia

Ley de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2016

Se publicó recientemente en la página de Presidencia la Ley de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2016.

A continuación detallamos las principales disposiciones en materia tributaria incluidas en la sección VII “Recursos”:

IRAE

  • Las amortizaciones de software serán deducibles de acuerdo a las condiciones requeridas por los artículos 19 y 20 del Título 4.
  • Se deroga la deducción incrementada de gastos incurridos en servicios de software.
  • Se establece la forma de determinación de la renta de fuente uruguaya para determinadas actividades de prestación de servicios y de mediación e intermediación en la oferta o demanda de servicios a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares.
  • Se modifican las condiciones de exoneración de las rentas obtenidas por la actividad de producción de soportes lógicos y servicios vinculados a los mismos.

IRPF/IRNR

  • Se incorpora como incrementos patrimoniales a los resultados de comparar los premios de juegos de azar y carreras de caballos con el monto de las apuestas, exceptuándose la Lotería Nacional.
  • Se faculta al Poder Ejecutivo a establecer un monto máximo de exoneración de dichas rentas.

IRNR e IVA

  • En cuanto al IRNR, se establece la forma de determinación de la renta de fuente uruguaya para determinadas actividades de prestación de servicios y de mediación e intermediación en la oferta o demanda de servicios a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares.
  • A los efectos del IVA, los servicios de mediación e intermediación detallados en el punto anterior, cuando ambas partes se encuentren en el país, se considerarán realizados íntegramente dentro del mismo. Lo mismo ocurrirá para el caso de las prestaciones servicios citadas en el punto anterior que tengan por destino, sean consumidos o utilizados económicamente en el país.

Modificaciones a la Ley de Zonas Francas (ZF)

  • Cabe destacar que en el texto final de la Ley, no se incluyeron las disposiciones referentes a la Ley de Zonas Francas recogidas en el Proyecto de Ley.

Otras disposiciones

  • Ley 16.906 de Promoción de inversiones: Quedan comprendidos en los beneficios del artículo 15° las rentas derivadas de la explotación de bienes intangibles amparados por la normativa de protección y registro de los derechos de propiedad intelectual, en la proporción mencionada en la Ley, bajo los términos y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.
  • La Tasa Consular a la que refiere el artículo 585 de la Ley N° 17.296 y el artículo 236 de la Ley N° 19.355, que se aplica sobre las importaciones será del 3% del valor en aduana de los bienes importados del MERCOSUR, y del 5% sobre el valor de aduana de los bienes importados del resto del mundo.
  • Elimina el requisito de que para que no se incluyan en la base imponible del Impuesto al Patrimonio los bienes depositados en régimen de puerto libre o en zonas francas, los titulares deben ser personas físicas o jurídicas del exterior.
  • Se crea un impuesto específico que gravará la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar o de apuestas automáticas de resolución inmediata instaladas en Casinos o salas de entretenimiento autorizadas por ley.

Las disposiciones de la Ley serán de aplicación a partir del 1° de enero de 2018, excepto para aquellas en que en forma expresa establezca otra fecha de vigencia.

Fuente: Deloitte

Montevideo tendrá 70.000 luminarias nuevas

Está avanzando el proceso licitatorio para la compra de 70.000 luminarias LED y un sistema de control inteligente que instalaremos en la ciudad.

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Uruguay en Marcha: Presentación del Proyecto Ferrocarril Central

El martes 15 de agosto se presentó ante potenciales inversionistas el proyecto “Ferrocarril Central Montevideo-Paso de los Toros con la presencia del Presidente Tabaré Vázquez y miembros del Gabinete de Competitividad y Transformación Productiva.

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Transparencia Fiscal: registro de beneficiarios finales

Con fecha 26 de junio de 2017, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Reglamentario N° 166/017 de la Ley de Transparencia Fiscal Nº 19.484, mediante el cual se reglamenta el capítulo II de la misma, concretamente lo relativo a la identificación del beneficiario final (en adelante (“BO”) de entidades residentes y determinadas entidades no residentes, según se detalla a continuación de forma resumida.

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